“Los más de 800 pueblos indígenas presentes en América Latina deben tener un rol protagónico en los espacios de toma de decisiones… no solo para resguardar su derecho a la autodeterminación, sino también por los grandes aportes que pueden hacer en la reformulación de los modelos de desarrollo” (1), así de taxativo es el último informe emitido por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL cuando se refiere al rol que debieran tener los pueblos indígenas en nuestra América.
Pero la realidad nos muestra el abismo existente entre lo que debiera ser y lo que realmente es y ocurre. La existencia de más de mil conflictos territoriales en América Latina tiene como respuesta la represión y la criminalización. Tal es así que la propia CEPAL señala que, en promedio, cuatro líderes indígenas son asesinados al mes en América Latina por defender sus derechos.
En Chile, la criminalización de la movilización social de las comunidades indígenas en defensa de sus derechos territoriales es una constante. Las políticas de represión ejercida, la judicialización arbitraria y la estigmatización emprendidas tanto por instancias estatales como por actores empresariales y otros agentes privados contra las comunidades de pueblos originarios tienen como objetivo reducir y limitar las diversas acciones que impulsan en defensa de sus territorios y los recursos naturales disponibles en los territorios que ancestralmente le pertenecen.
Baste recordar que lo reiterados amedrentamientos, amenazas, detenciones y muertes tienen una larga historia. La Operación Huracán o el cruel asesinato de Camilo Catrillanca Marín, son de ocurrencia demasiado cercana y es evidente que responde a una política y acciones provenientes del Estado.
El racismo, la segregación cultural, el no respeto a su cultura son situaciones cotidianas a las cuales hay que poner fin. Pero esta expresión de deseos contrasta con las situaciones vividas en los últimos días.
El jueves 4 del mes en curso fue asesinado por múltiples balas el werken Alejandro Treukil, quedando otros tres acompañantes heridos en una situación que se quiso pasar por abigeato. Sin embargo, días antes Alejandro Treukil y su comunidad habían denunciado el hostigamiento de Carabineros. Existen registros audiovisuales, declaraciones y entrevistas radiales en que relatan cómo la policía uniformada hacía demostración de poder al dejar vehículos blindados en lugares de importancia ceremonial para la comunidad o desataban la represión sin motivos conocidos. Treukil ya había sido herido por balines y Andrea Neculpan, con quien Alejandro tuvo tres hijos, denunció como Carabineros un día antes del asesinato de su esposo los habían amenazado de muerte, al igual que a otros miembros de la comunidad.
En tanto CODEPU sostenemos que el crimen de Alejandro Treukil exige justicia.
En la cárcel de Temuco Celestino Córdova, machi de su comunidad, y quien se encuentra condenado a 18 años de cárcel sin beneficios, lleva a acabo una prolongada huelga de hambre. Ya no queda recurso legal al cual recurrir para intentar rebajar su condena. Lleva más de siete años detenido y su defensa recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El machi con su huelga solicita que se cambie la medida de presidio y pueda regresar a su rewe, lugar de ceremonia ancestral. Un machi debe estar en contacto directo con los elementos del mundo natural. Por ello se exige que lo que resta de su condena, se cumpla en su espacio territorial, en su lof. De no ser posible, que por lo menos durante el tiempo que dure el COVID-19 vuelva a su comunidad, la gente necesita ser atendida por su machi, pues el machi es un puente entre el mundo natural y el sobrenatural y además es como un médico, necesita sanar a su comunidad y a su gente.
En vez de buscar una solución a la situación planteada por Celestino Córdova -aunque sea parcial en estos tiempos de crisis sanitaria- su entorno vive hechos absolutamente cuestionables e inaceptables. La doctora Leonor Olate Mercado, que participa de la Cruz Roja y que visita en la cárcel y atiende al machi, fue agredida en Temuco por desconocidos, quienes no se identificaron y procedieron a propinar amenazas y realizar acoso de índole sexual; advirtiéndole, en un claro acto de amedrentamiento, el desistir de su apoyo a la comunidad Mapuche. La profesional ya había sido amenazada en redes sociales por las atenciones de salud en la época del estallido social. Por entonces se interpuso un recurso de amparo. Ante la gravedad de lo ocurrido recientemente a la doctora Olate el Colegio Médico denunció los hechos en comunicado público.
En tanto CODEPU, llamamos a las autoridades que correspondan a evaluar lo solicitado por el machi Celestino Córdova y condenamos absolutamente el amedrentamiento a la doctora Olate, por el simple hecho de su compromiso social y las reivindicaciones propias del pueble mapuche.
CODEPU, Junio del 2020
(1) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/47), Santiago, 2020.
