Ante el intento de reactivar el proyecto de ley que modifica el Sistema Nacional de Inteligencia, no podemos menos que manifestar la preocupación y rechazo que nos provoca.
Nos preocupa el proyecto en sí mismo, pues sus contenidos importan restricciones a las libertades públicas, a los derechos a la intimidad, a la vida privada, y simultáneamente a la libertad de pensamiento y de asociación, al propender la vigilancia y el espionaje restringiendo con ello los derechos humanos.
Al insistir el gobierno en acelerar el proyecto relacionado con la Ley de Inteligencia nos inquieta por cuanto esta insistencia se realiza en medio de la mayor crisis sanitaria que enfrenta el país y en momentos en que desde el gobierno se insiste que su mayor preocupación es controlar la pandemia y aprobar leyes relacionadas al apoyo a los sectores más vulnerables. La contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, es una de las tantas razones que obligó al exministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi a presentar su renuncia.
La modificación a la ley de inteligencia es una pésima propuesta para la Democracia han sostenido críticos del proyecto gubernamental, pues “está lleno de detalles y subrepticios, cuyos impactos pueden tener gravísimas consecuencias”, dando a entender que la iniciativa gubernamental tiene componentes ocultos o que se hacen a escondidas, lleno de detalles en letra chica destinados a cumplir objetivos distintos a lo que se dice.
Una de las aristas más cuestionadas del proyecto presidencial es la que cambia el concepto de contrainteligencia estableciendo que la amenaza contra la seguridad del Estado no solo puede ser externa, sino que provenir desde el interior del país. Esto en nuestra opinión no es otra cosa que revivir la Doctrina de Seguridad Nacional, de triste vigencia en tiempos de las dictaduras militares en América Latina, durante las cuales se identificaba un enemigo interno, al cual había que combatir sin importar el respeto a los Derechos Humanos. Dicha concepción es la que brindó sustento al terrorismo de Estado.
Hoy la propuesta presidencial lo que hace es criminalizar la protesta social, otorga mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas y les reconoce, junto con la protección a la infraestructura critica, realizar inteligencia sobre organizaciones, participantes y organizadores de movilizaciones sociales, generando con ello un Estado más opresivo y represivo. Un claro giro al autoritarismo.
Nuestra apreciación como CODEPU, es que esta iniciativa gubernamental es un desacierto que no contribuye a enfrentar los problemas reales del país generado por las desigualdades sociales y económicas y la inexistencia de derechos garantizados para todos quienes habitan el territorio.
Tampoco resuelve directrices necesarias en el terreno del actuar del Estado, las Fuerzas Armadas y las Policías para que dejen atrás las nefastas propuestas como el acuerdo Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) con el Servicio Nacional de Menores (SENAME) o la manipulación de pruebas en la llamada Operación Huracán que, condujo a la detención de ocho comuneros mapuche supuestamente involucrados en una asociación ilícita y que terminó con una investigación contra la propia policía uniformada por delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita.
Insistimos que la iniciativa es una torpeza, pues -como muchas iniciativas provenientes desde las elites- carece de mecanismos y canales que garanticen el control democrático de la ciudadanía o éstos son mínimos e inoperantes. Por lo tanto, en nuestra opinión, la propuesta no cumple con los estándares suficientes que demanda un sistema democrático ni aborda con seriedad el problema que busca resolver.
Recordamos que estamos y seguimos en momentos de baja confianza de las instituciones y en medio de un proceso que debiera culminar con una Nueva Constitución. En lo inmediato, urge resolver las graves consecuencias que la crisis sanitaria y la crisis económica tiene en los sectores mayoritarios de nuestra población. Como necesario es que se acelere la investigación sobre violaciones a los Derechos Humanos cometidos desde el 18 de octubre pasado y se procese a los responsables y se cambien las medidas cautelares a todos los prisioneros políticos del estallido social.
Finalmente, advertimos el peligro que implican estas reformas pues un mayor margen de maniobra para montajes como la ya mencionada Operación Huracán o genere espacios para provocaciones, acusaciones y delaciones infundadas.
Como CODEPU, reiteramos que estos son tiempos que exigen políticas sociales y económicas que den respuesta a las causas estructurales de la protesta popular. Son tiempos en que la presidencia y congresistas no deben optar por la represión y el debilitamiento de los Derechos Humanos.
CODEPU
Junio del 2020