El estado de excepción de Catástrofe Sanitaria decretado en el país tiene como única finalidad afrontar los desafíos de salud causados por la propagación del coronavirus. Los riesgos a la salud afectan al conjunto de la población incluyendo a los encarcelados con motivo de la protesta social.
El enorme número de detenidos, que se encuentran prisioneros con medidas cautelares preventivas tiene como finalidad principal castigar a quienes han cuestionado el orden social injusto y ejercido el derecho a la protesta social. La prolongación excesiva de la prisión preventiva es un acto arbitrario y deshumanizado que adquiere mayor gravedad en las circunstancias actuales.
Hoy es innecesario mantener a los presos de la protesta social encarcelados. Ellos se encuentran en recintos hacinados, sin atención medica suficiente, en pésimas condiciones higiénicas, de abrigo y alimentación. Situación contraria a la que se encuentran los pocos perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que habitan optimas dependencias que sí cumplen los estándares internacionales.
Prolongar la prisión preventiva en el contexto de crisis sanitaria importa un riesgo mayor. El Estado tiene la obligación de resguardar sus vidas. Más aún cuando, reiteramos, las medidas de prisión preventiva se utilizan con el argumento de prolongar las investigaciones en el tiempo transformándose en los hechos en una condena de facto con la finalidad de castigar.
CODEPU hace suyas las demandas que proponen modificar las medidas cautelares de prisión preventiva por otras menos restrictivas de la libertad personal, pues constituye una medida justa, necesaria e inaplazable y que no afecta el curso de las investigaciones que llevan a cabo los propios tribunales.
La grave situación vivida en el Centro de Detención Preventiva de Santiago, hace unos días, nos indica la urgente necesidad de adoptar las medidas que garanticen la vida de tantos jóvenes, prisioneros políticos, detenidos durante el estallido social iniciado el 18 de octubre.
Equipo CODEPU
