Una innegable impaciencia recorre Chile y a los organismos defensores de derechos humanos. Ese desasosiego se llama marzo.
Y se llama marzo, pues desde los actores sociales se anuncia la determinación de reforzar y darle continuidad a la movilización social iniciada hace más de cien días.
Para CODEPU, estos largos y tensos días, han sido de aprendizaje y despliegue de iniciativas para alcanzar el pleno respeto a los derechos humanos y poner freno a la represión. Desde un comienzo sostuvimos que la más grave y profunda crisis que vive nuestro país requiere de profundas transformaciones del orden económico-social y político vigente que, a todas luces es injusto y generador de desigualdades. Lo señalamos con firmeza el 19 de octubre: el malestar y descontento legitimo en la población es el resultado de una dinámica de abusos e injusticias que se suman a la ausencia de políticas que permitan a todas y todos alcanzar los mínimos derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Y agregamos que, las aspiraciones de justicia social de la ciudadanía y en especial de los sectores más postergados se ven frustradas ante decisiones de política económica aplicadas desde largo tiempo. Nuestro país ha estado construyendo una sociedad tremendamente desigual. Y eso no es justo.
Desde el gobierno la primera respuesta fue la dictación de un estado de emergencia. Y eso lo cuestionamos con firmeza, pues sus resultados fueron una catástrofe. De allí nuestra denuncia por los muertos, los heridos, lesionados, detenidos y muchos de ellos aún prisioneros como resultado de la movilización y la protesta. De allí nuestro cuestionamiento al impulso de leyes que aumentan las penas y políticas de control que solo criminalizan la protesta social. El “estamos en guerra contra un enemigo poderoso” fue una frase que alerta sobre la disposición a usar la fuerza contra los pueblos que reclaman justicia y no se justifica.
Por eso nos inquieta marzo.
De allí que consideremos de extrema gravedad que se le otorgue al poder ejecutivo atribuciones para que para que las Fuerzas Armadas participen del control del orden público. Tan grave como que las Fuerzas de Orden y Seguridad no respeten protocolos y usen armas disuasivas que atentan contra la vida, la integridad de los manifestantes y les causen mutilaciones irreparables. Y tanto o más grave aún es que las responsabilidades políticas de las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos no sean asumidas por quienes corresponde.
Por eso nos inquieta marzo.
Pese a las misiones observadoras de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos y al despliegue esforzado de las instancias nacionales las violaciones a los derechos humanos continúan. Las recientes golpizas a manifestantes por parte de policías son imágenes gravísimas que no se solucionan con dar de baja a los efectivos que las efectúan. La institución de Carabineros ha sido arrastrada por las autoridades a una lógica represiva que aumenta su desprestigio y profundiza su crisis. Crisis de Carabineros que solo será superada por una verdadera refundación sobre nuevas bases y la incorporación real de una nueva doctrina en la que se considere que el control del orden público solo es posible con el pleno respeto a los derechos humanos.
Por eso nos inquieta marzo.
Pues observamos que, pese a las denuncias, los cientos de querellas presentadas y los recursos de protección en tribunales las autoridades responsables del país no perciben la magnitud de los acontecimientos y por ello de tanto en tanto, nos informamos por la prensa de compras de más carros policiales y el uso de nuevos elementos para escopetas antidisturbios y que ante el cuestionamiento de los elementos usados hasta ahora las respuestas apuntan a responsabilizar a los proveedores de las armas disuasivas. Esto es decirnos que el Estado y las autoridades correspondientes no tienen responsabilidad en las decisiones de abastecimiento, manipulación y uso.
Por eso nos inquieta marzo.
Pues percibimos que los actores sociales tienen desconfianza de las elites económicas y políticas que por tantos años no han respondido a sus expectativas de justicia social. Por ello afirmamos en su momento que el “Pacto por la Paz Social y una Nueva Constitución” contenía más sombras que luces. También percibimos que en la movilización social y popular habitan indignaciones, dolores, humillaciones, pero también sueños y esperanzas de un Chile más justo y respetuoso de la dignidad de los pueblos que habitan nuestro territorio. Y en esas esperanzas también nos inscribimos.
Como institución defensora de los Derechos Humanos haremos nuestros mejores esfuerzos, mayores que los desplegados hasta ahora: continuaremos prestando apoyo legal, médico y psicológico a quienes lo requieran; nos extenderemos a otras regiones donde colaboradores voluntarios se ofrecen para promover y defender los derechos humanos. Denunciaremos todo atropello a los derechos humanos y haremos un esfuerzo mayor para que los organismos nacionales defensores de los derechos humanos actuemos conjuntamente. Al mismo tiempo solicitaremos toda la solidaridad internacional para que se exija el respeto a los derechos humanos.
Y a pesar de que nos inquieta marzo. Estamos convencidos que los pueblos y todas y todos quienes habitamos este país se merecen un Chile Mejor.
CODEPU
Febrero 10, del 2020
Fotografías: Hugo Catalán Flores
