Las demandas estudiantiles vienen desde hace largo tiempo señalando lo injusto del sistema educativo que prevalece en nuestro país.
La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es un escenario reflejo de las desigualdades que impone el orden económico y político vigente desde hace décadas. Los estudiantes constatan que las realidades sociales, culturales y económicas de una minoría privilegiada contrastan con la realidad cotidiana de sus propias biografías. Ellos comprueban que el sistema educacional lo único que garantiza es un futuro de incertidumbres y precariedades y en el mejor de los casos una competitividad angustiosa. De allí las demandas estudiantiles por dejar atrás el rol del mercado en la Educación y asumir como país que existen derechos sociales, económicos, políticos y culturales que deben ser garantizados para todas y todos.
Por eso no nos sorprende la movilización y la protesta, siempre legitima, incluso más allá de las formas. Creemos que la solución a los graves problemas de desigualdad se debe responder con cambios estructurales profundos y no con más represión y, por ende, con amenazas desde el discurso adultocentrico, dando pie a posibles y graves violaciones a los derechos humanos como hemos visto a partir del 18 de octubre, incluso desde antes. No olvidemos, a las Fuerzas Especiales de Carabineros custodiando desde los techos los movimientos de más de 4.500 estudiantes de un establecimiento santiaguino, y los proyectos de control social Aula Segura y otros de similares características
Nos preocupa que sectores que han respaldado y usufructuado de un orden económico y político desaten una campaña de afrentas y descalificaciones contra los estudiantes secundarios, sus organizaciones y sus dirigentes.
Rechazamos absolutamente el anuncio de querellas por Ley de Seguridad del Estado en contra de 32 estudiantes secundarios. La mencionada ley tiene un oscuro pasado dictatorial y sus orígenes en aquellas disposiciones que buscan la proscripción de la participación política popular. Recordamos que Carlos Ibáñez del Campo y Augusto Pinochet Ugarte usaron y abusaron de dicha legislación.
Hemos insistido que la criminalización de la protesta social y toda medida represiva no resuelven los problemas de fondo planteados desde el movimiento social y popular. Y menos aún resuelve las demandas del movimiento estudiantil en particular, muy por el contrario, tensionan aún más las relaciones sociales.
Como organismo defensor de los Derechos Humanos rechazamos todo intento de encarcelar adolescentes y proscribir su participación política. La crisis social y política requiere de soluciones políticas complementadas con el impulso de medidas transformadoras del orden económico que garanticen derechos a todas y todos -las cuales siguen ausentes- y no con políticas represivas.
Solidarizamos con los estudiantes secundarios, con Víctor Chanfreau, Ayelén Salgado y la treintena de estudiantes secundarios a los cuales se les intenta aplicar la Ley de Seguridad del Estado.
CODEPU
