Primero fue Amnistía Internacional, luego Human Right Watch, ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cada uno de los organismos internacionales que emitió un informe sobre lo ocurrido en nuestro país en el último tiempo es categórico: en Chile se han violado los Derechos Humanos.
Toda la información recopilada por instancias nacionales defensoras de los Derechos Humanos demuestra que ha habido muertos, heridos, mutilados, lesionados, torturas, abusos sexuales, detenidos, encarcelados, lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos en barrios populares, uso excesivo de la fuerza, y otras medidas de control social.
El estallido social que continúa por más de cincuenta días -que tiene como base un profundo descontento con un sistema político y económico generador de enormes desigualdades y que favorece la propagación de abusos de todo tipo- requiere soluciones políticas y económicas efectivamente transformadoras de dicho sistema.
Pese al tiempo transcurrido, la masividad de las manifestaciones, la baja considerable en las encuestas de opinión pública y la indignación expresada en todo el país ante las violaciones a los derechos humanos, las autoridades equivocan el camino. Prefieren razonar que el estallido es un tema de orden público, de control de la protesta, mayores penalidades y más fuerza policial y eventualmente militar en las calles. Un profundo error que solo garantiza horrores.
Las últimas propuestas del Ejecutivo repiten el mismo esquema con que se han enfrentado siempre las consecuencias de las desigualdades y los abusos, como si las injusticias se resolvieran simplemente por el expediente de mayor represión y no construyendo una sociedad justa y de derechos.
El último engendro legal aprobado en primera instancia en el parlamento es un verdadero adefesio legal. Su aprobación es un hecho de la más alta gravedad y es evidentemente un deterioro de nuestra convivencia democrática, precisamente impulsada y aprobada por quienes tienen la responsabilidad de protegerla. Técnicamente desde lo penal es un esperpento, desde el punto de vista de los derechos humanos cercena las libertades públicas y el derecho a huelga. En lo político es una ley deshonesta, pues con el pretexto de penalizar los “saqueos” se penaliza el derecho a la legitima protesta. Es una ley extremadamente mal redactada, que no respeta la proporcionalidad de la pena. Esto porque establece penas más graves para delitos de menor envergadura.
La sociedad chilena tiene clara consciencia de la gravedad de las violaciones de los derechos humanos ocurridas a partir del inicio del estallido social. Los pueblos que habitan nuestro territorio lo han sufrido en carne propia. Esa misma conciencia de lo ocurrido conlleva la convicción de que el camino de la represión no conduce a la resolución de la grave crisis en curso. El cese de la represión, una asamblea constituyente verdadera y el impulso de medidas transformadoras del orden económico que garanticen derechos a todas y todos, se encuentran en la esencia del camino a seguir.
CODEPU, diciembre 7 de 2019