No nos cansaremos de afirmar que Chile vive la crisis social y política más profunda de los últimos años. Es una crisis que tiene su origen en un modelo económico impuesto por la fuerza que genera riquezas para unos pocos y demasiadas carencias para la gran mayoría. Es una crisis que encuentra en el régimen político sustentado en una Constitución que, pese a sus modificaciones, no genera mecanismos de verdadera participación de los pueblos que habitan nuestro territorio.
Insistimos es una crisis profunda que se alimentó de las injusticias, los abusos, del financiamiento ilegal de la política, del descreimiento de las instituciones y las abismantes desigualdades sociales. La indignación social tiene su explicación en la exclusión y marginación social, en el trabajo precario y en la ausencia de derechos sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales para todas y todos.
No es una crisis de orden público. Es una explosión social contra la soberbia de quienes detentan el poder político y económico. Y si ha habido violencia, ésta no es solo un tema policial ni se resuelve desplegando a las Fuerzas Armadas. En nuestro Chile, ha habido una violencia social extendida que ha marginado y castigado a vastos sectores populares. Que además de invisibilizarlos no encuentran oportunidades en la sociedad que hemos construido.
Sería un error suponer que todos los sectores sociales excluidos responden a determinadas ideologías o se corresponden con organizaciones delincuenciales. La marginalidad y la exclusión social es el producto de una sociedad que se preciaba de ser ejemplar e idílico oasis, pero que en realidad generaba indignación, rabia, precariedad, bajos sueldos, pensiones miserables y carencias enormes en salud, educación y viviendas.
De allí que nos parezca grave que se sostenga que el principal problema que enfrenta el país es de orden y seguridad pública o que la crisis se resuelve con agendas de seguridad o custodiando una indefinida infraestructura critica con las Fuerzas Armadas en las calles.
La iniciativa gubernamental que pretende otorgar atribuciones de orden público a las Fuerzas Armadas tiene claros aspectos de inconstitucionalidad respecto a la Constitución vigente y respecto de la cual todo el mundo coincide requiere cambiarse. Las Fuerzas Armadas en tareas de orden público significa establecer un estado de excepción permanente lo cual requiere modificar la actual constitución y no es posible aprobarla vía una simple ley.
Pero tanto o más grave es proponer una eximente de responsabilidad penal para el personal que use sus armas. Ello es aprobar una ley penal en blanco, lo que está vedado por la actual constitución y denota el carácter meramente represivo de la propuesta.
Los últimos informes de organismos internacionales han condenado las graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos. Los miles de detenidos, los lesionados y heridos, los abusados, los mutilados y cegados como Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, son delitos cometidos por agentes del estado, que tienen cadena de mandos y responsables directos y políticos.
Creemos, sinceramente, que la vía del control social no resuelve la más profunda crisis de los últimos años. Tampoco la imposición de un orden público recurriendo a las Fuerzas Armadas. La solución urgente que Chile necesita debe recorrer el camino del dialogo y escuchar las demandas sociales y populares largamente desoídas. La justicia social y una nueva Constitución, elaborada a través de una Asamblea Constituyente, definida por su nombre verdadero, de carácter soberana y representativa de nuestros pueblos constituyen las bases sobre las cuales es posible construir un país que incluya a todos y todas. Ese es el único camino posible.
CODEPU, noviembre 28 de 2011
