Las acciones represivas de agentes del Estado no son acciones aisladas ni esporádicas, responden a una política de castigo que tiene el objetivo de dañar. Así de claro. Pero hay más, en un momento se decidió la presencia en las calles del Ejército a pesar de los nefastos precedentes históricos que ha atravesado el país.
El balance entregado por Amnistía Internacional señala que la cifra de 280 personas con lesiones en sus ojos “es aberrante”, y que “si no se estuviese disparando a la cabeza no tendríamos esa cifra”.
En Chile, expresa Amnistía, el Ejército en conjunto con Carabineros han llevado “ataques generalizados en contra de la población, usando la fuera de forma innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y castigar aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de libertad de expresión y de asamblea pacífica”.
Amnistía habla del accionar represivo de los uniformados y lo señala así: nos referimos a “ataques” debido a que son “múltiples actos de violencia de distintas formas, actos de violencia armada, de tortura, de maltrato físico y psicológico en contra de la población que se ha manifestado y que se percibe como tal”.
Los hechos denunciados “no son hechos aislados o esporádicos”. “No se trata de unas cuantas manzanas podridas dentro de las fuerzas de seguridad, se trata de ataques sostenidos en diferentes puntos del país, en el contexto de castigar a las personas que se manifiestan”.
“No se trata de la responsabilidad penal que tiene el individuo, el carabinero o el militar, sino que se trata de una responsabilidad de mando, de la línea de mando, tanto al alto nivel tanto como las diferentes líneas de jerarquía e instituciones del gobierno”, agrega Amnistía.
Según indicó Amnistía internacional, el grado de coordinación requerido para sostener esta represión violenta del país “conduce a pensar que la responsabilidad del mando al más alto nivel, ya sea porque ordenó o toleró esta represión tanto a través de los Carabineros como el Ejército. Nos da a entender precisamente cómo esto se trata de una política de castigo”.
Por su parte, las tres ramas de las Fuerzas Armadas, en un hecho que, pensamos no corresponde, emitieron un comunicado conjunto rechazando el informe de Amnistía Internacional. “»Rechazar categóricamente las afirmaciones del informe que señalan que habría existido ‘una política de ataques generalizados contra manifestantes’, ya que no existió́, ni existe ninguna política de las FFAA para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, señala el comunicado y afirma que el balance de Amnistía “no contiene ninguna prueba directa o indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las FFAA en este sentido».
Antes Carabineros también cuestionó el informe y señaló que Carabineros “jamás ha tenido intención de dañar a las personas. Tenemos una obligación constitucional que dice relación con el mantenimiento del orden público».
También desde el Ministerio de Justicia se rechazó el informe de Amnistía. «El Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional el que, sin siquiera solicitar información al Gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes», planteó la subsecretaria de DDHH de esa cartera. «El informe que hemos conocido hoy lamentablemente incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del estado de derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos” dijo el gobierno.
CODEPU en su informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras un detallado recuento de hechos y denuncias señala que ”la conclusión por desgracia es clara: en Chile, en el marco de la represión de las protestas, se ha derivado hacia un cuadro de graves, masivas y sistemáticos hechos de violencia, sufridos por la población civil, que por un lado son constitutivo de delitos y que por otro importan infracciones a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Chileno de proteger, promover y sancionar cuando se está ante violaciones a derechos humanos, en especial las del Pacto de San José de Costa Rica e instrumentos regionales”
Juzgue usted.
CODEPU
