- Rechazamos las graves y masivas violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país desde el inicio del estallido social. Es nuestro deber ético y humanitario hacerlo y no cejaremos en denunciar y prestar apoyo a las víctimas. Las altísimas cifras de detenidos y lesionados y las centenas de personas heridas en sus globos oculares nos hablan de un patrón represivo inusitado que alarma a la comunidad internacional y genera el repudio en el país.
- La respuesta ante tan profunda crisis y la consecuente movilización social que se prolonga día tras día por más de tres semanas no puede ser la represión y el accionar desmedido del uso de la fuerza por parte del Estado. Se requieren medidas urgentes que consideren el sentir de la ciudadanía. El país nos pertenece a todas y todos y las voces de los más postergados adquieren hoy mayor relevancia.
- Responsablemente, como organismo defensor de los Derechos Humanos, consideramos que Chile necesita respuestas políticas y no represivas. Los graves acontecimientos que tienen en centros de salud a más de doscientos ciudadanos que han perdido parcialmente la visión y en particular, el caso del estudiante Gustavo Gatica constituyen un llamado de atención. Basta ya el uso de armamento que mutila la integridad de tantos chilenos y chilenas.
- Con la misma convicción que hemos defendido y promovido los derechos humanos a través de nuestra historia institucional, hoy señalamos que las responsabilidades políticas de las gravísimas violaciones a la integridad psíquica y física de chilenos y chilenas recaen en el poder ejecutivo. El presidente Sebastián Piñera debe poner fin al uso desproporcionado de la fuerza represiva. Sus ministros, Gonzalo Blumel y Hernán Larraín deben comprender que las denuncias de las víctimas como las informaciones entregadas por instancias a nivel nacional y organismos internacionales hacen referencia no solo a “errores”, y “excesos” o “efectos colaterales”. Todos señalan que hay patrones de uso de la fuerza preocupantes, el no respeto a protocolos y recomiendan detener el uso de balines, perdigones y armas que mutilen los cuerpos de chilenas y chilenos.
- Si la responsabilidad política implica asumir decisiones que frenen los hechos denunciados por la comunidad nacional e internacional, de igual manera, la remoción de las autoridades de Carabineros por su responsabilidad de mando aparece como una decisión necesaria debido a que sus medidas y protocolos internos no han evitado que la violencia siga ejerciéndose vehemente contra cientos de miles de manifestantes, particularmente, niños, jóvenes y mujeres que han sufrido sin rigor ni distinción las gravísimas consecuencias del uso desmedido de la fuerza.
- Reiteramos el deber de los Tribunales de Justicia a investigar, conocer y sancionar las denuncias realizadas.
- Frente a las diferentes violaciones a los Derechos Humanos, no pueden existir ambivalencia ni empates semánticos ni menos negacionismos, Chile ha firmado diversos tratados y protocolos que deben cumplirse. Tampoco nuestro país, resiste los mal llamados “cómplices pasivos” concepto acuñado por el actual presidente en su primer mandato. Todos los involucrados deben ser juzgados y sancionados.
- Finalmente, consideramos que la participación soberana de nuestros pueblos, por medio de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución Política acorde a la realidad social del siglo XXI, representativa, pluralista e es un camino viable, posible y necesario.
CODEPU, noviembre 10 de 2019.