La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, afirmó a Cooperativa que el organismo que encabeza cuestionará judicialmente cualquier medida que busque restringir el libre tránsito de menores de edad como las que pretenden implementar, previa aprobación en consultas ciudadanas, los alcaldes de Quilpué y Las Condes.
Ambas comunas preguntarán a sus vecinos, el próximo 23 de junio, si están de acuerdo con implementar una suerte de «toque de queda» para menores de 14 años entre la medianoche y las 05:30 de la madrugada, propuesta que ha sido defendida por los jefes de ambos municipios, Mauricio Viñambres (PS) y Joaquín Lavín (UDI).
«Nos parece que evidentemente el anuncio refleja la posibilidad concreta de afectar garantías constitucionales de niños, niñas y adolescentes mediante la imposición de lo que se ha denominado toque de queda», afirmó Muñoz, quien se sumó a las críticas emitidas contra la medida por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
«Existe tanto para los adultos como para los niños la libertad de circulación y evidentemente ello no puede ser restringido injustificadamente sin que exista alguna razón que pudiera vulnerar esa garantía», detalló la defensora de la niñez.
«Desde ese punto de vista, nos parece también cuestionable que se sostenga que una medida que es plenamente contradictoria con derechos fundamentales está planteada para poder proteger a ese grupo, porque evidentemente los mecanismos de protección deben estar asociados a la responsabilidad de la autoridad en orden de prevenir que sean vulnerados sus derechos, pero no esa prevención hacerla por la vía de la restricción de sus propios derechos y de sus propias libertades», añadió la autoridad.
«Lamentamos que se insista y se persista en esta propuesta, máxime cuando se plantea como una alternativa de la justificación adecuada de la misma el hecho de realizar consultas ciudadanas que, como ha quedado de manifiesto tanto en la comuna de Quilpué como la de Las Condes, no han considerado la posibilidad de que quienes voten en esa consulta sean los destinatarios de la medida: niños, niñas y adolescentes», enfatizó Muñoz.
E hizo hincapié en este punto: «Ni siquiera está respetándose respecto de ellos el derecho a ser oídos garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño en toda decisión administrativa que los pudiera afectar de manera directa».
Por todo esto, la jefa del organismo dijo esperar «que aquellas medidas no prosperen» y anunció que «cualquier restricción y vulneración de los derechos va a ser cuestionado por las vías jurídicas correspondientes por parte de la Defensoría de la Niñez en orden a las atribuciones constitucionales y legales que posee».
Fuente: Cooperativa
