El “Comité Contra la Desaparición Forzada, de las Naciones Unidas” (UN), emplazó a que el Estado de Chile intensifique sus esfuerzos en la búsqueda de los/as detenidos/as desaparecidos/as de la dictadura y en democracia, cuya suerte aún no haya sido esclarecida y, en caso de que se esclarezcan sus asesinatos, garantizar su identificación y la restitución de sus restos en condiciones dignas.
Que permita mejorar la información de las investigaciones, para encontrar a las personas detenidas desaparecidas, asegurando que se cuente con los recursos humanos, técnicos y económicos para ello.
En reparación, además de instar a que se protejan todos los sitios donde se investiga, que pueda haber restos humanos de personas desaparecidas, Naciones Unidas llamó a asegurar la reparación integral de las víctimas. Respecto de este último punto, emplazó a que el Estado cree, una comisión de calificación permanente, que permita determinar si hubo víctimas de desaparición forzada no reconocidas por las comisiones de Verdad.
Además, que las penas sean coherentes con la gravedad del delito de desaparición forzada de personas y que, quienes incurran en esta grave violación de derechos humanos sean siempre sancionados.
También en este marco, hace un llamado a que se aceleren las investigaciones relativas a casos de sustracción de menores y/o adopción irregular y desaparición de mujeres embarazadas; y que garantice que las víctimas puedan ejercer su derecho a recuperar su identidad si se determinase que la misma fue sustituida.
El acceso a la justicia, para poder acceder a toda la documentación relativa a las investigaciones sea exhaustivo y a que se aceleren para que sean eficaces, para garantizar su derecho a la verdad y a la justicia.
Que se excluya la jurisdicción militar y sólo podrán ser investigadas y juzgadas en la jurisdicción civil. Se fomente la formación en derechos humanos a los agentes estatales. Informar de la crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los/as niños/as; y a comunicar sobre las medidas tomadas por el Estado, principalmente en materia legislativa, investigación y búsqueda de los detenidos/as desaparecidos/as.
En el caso de la Provincia Cordillera los y las Detenidos Desaparecidos/as son Ariel Arcos Latorre, 23 años, Enrique Pagardoy Saquieres, 21 años, Juan Povaschuk Galeazzo, 24 años, uruguayos. Juan Llanca Rodas, 26, años, obrero. José Ruz Zúñiga, Ingeniero Hidráulico MIR. Jorge Carrión Castro, 22 años, dirigente vecinal MIR. Luis Silva Carreño y Manuel Silva Carreño, dirigentes campesinos. Roberto Chaer Vásquez, Operación Colombo MIR. Alejandro Ávalos Davidson, profesor PC. Ulises Merino Varas, José Weibel Navarrete, Víctor Díaz López, Jorge Muñoz Poutays, Mario Zamorano Donoso, Uldaricio Donaire Cortés, Jaime Donato Avendaño, Eduardo Cantero Prado, Nicolás Vivanco Herrera, Vicente Aténcio Cortés y Waldo Pizarro Molina dirigentes del PC. Luis Muñoz Velásquez, contador, Operación Cóndor, PS. Eduardo Hernández Concha, contador, PS. Lila Valdenegro Carrasco y Reinalda Pereira Plaza, Dirigentas del PC.
Se agrega más de 45 personas ejecutadas por razones de persecución política durante la dictadura, en la Provincia Cordillera.
Fuente: Clarín
