Por Andrés Vera Quiroz
“Lo que yo aquí he escrito no tiene ninguna pretensión de novedad.
Por consiguiente no menciono las fuentes, porque es para mí indiferente que aquello que yo he pensado haya sido pensado por alguien antes que yo.”
Ludwig Wittgenstein
En las últimas semanas en redes sociales como en la prensa han abundado ciertas miradas y/u opiniones de “cientistas sociales de cafetín” sobre un fenómeno nuevo pero viejo en Chile, como es la Migración. Dicho fenómeno en términos de una definición simple es un desplazamiento producido desde un origen a otro de destino y que lleva, generalmente un cambio de domicilio.
Existe el mito callejero que los migrantes son quienes vienen a quitar el trabajo a los chilenos, lo real es que no existe ningún tipo de estudio que afirme la existencia de un sector productivo donde la mano de obra extranjera reemplace a la chilena. También es falso, aquello que la población migrante participa en delitos de connotación social, tales como robos, tráfico de drogas y prostitución, ambas afirmaciones anteriores potenciadas por medios conservadores y discriminadores.
Sin embargo, lo que sí es un dato de la causa que en la actualidad los migrantes vienen a cubrir los puestos de trabajo que los chilenos no desean tomar y son estos mismos que ven a Chile como una posibilidad económica que en sus países de origen no pueden entregarles, dado que Chile, como país goza de estabilidad política y económica, dos de las causas principales para la Migración.
Actualmente no existen datos reales, se estima que los inmigrantes en Chile bordean los 500 y/u 600 mil, cifra que no logra alcanzar el 4% de la población del país, por debajo de los países desarrollados. La mayoría de los extranjeros que se quedan en el país proceden de Perú, Colombia, Venezuela, Haití y Argentina.
Sí existen otras cifras que son muy preocupantes por su curva ascendente, según Sename a octubre del 2017, 1.297 niños han ingresado a las residencias del cuestionado Servicio por vulneración de derechos. Esto significa que diariamente cuatro niños migrantes entran a un centro de protección del mencionado servicio.
El aumento de la población migrante en Chile ha hecho plantearse viejos desafíos tanto a nivel político como en lo social. En lo social, existe claramente un déficit de coordinación entre los servicios públicos, sociedad civil y la población migrante, siendo esta última en diversas ocasiones vulnerados sus derechos en acceso a Salud, Educación y Vivienda.
La segunda parte del problema tan relevante y compleja como la primera, tiene relación con la política pública de Migración, donde claramente el problema acá no es el “problema” en sí, sino que dicha situación se sustenta en un marco regulatorio obsoleto que data de julio de 1975, donde primaba un enfoque de seguridad como la “Doctrina de Seguridad Nacional” donde imponía dos objetivos para la supervivencia del Estado: “desarrollo” y “seguridad”, poniendo énfasis en el enemigo interno y en el extranjero.
A 28 años del término formal de la Dictadura Militar, a pesar de la firma de numerosos tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile que obligan a proteger los derechos de las personas migrantes que llegan al país, los mismos son vulnerados cotidianamente.
No cabe duda que el modelo neoliberal en su representación más descarnada como el miedo conlleva a la discriminación y al rechazo al pobre, al distinto, al diferente y a las minorías pues son un “peligro” para una supuesta “normalidad social”. Ese entramado complejo lo proporciona la ideología y se activa cuando señala a los pobres como culpables de su pobreza.
La filosofa española Adela Cortina en su libro “Aporofobia, el rechazo al pobre” expresa lo que alimenta el rechazo a inmigrantes y refugiados. No se les rechaza por su calidad de extranjeros, sino por ser pobres. A Trump no se le ha ocurrido poner un muro en el norte, en la frontera con Canadá, sino en el sur, en la frontera con México. Y sigue profundizando, “lo cierto es que las puertas se cierran ante los refugiados políticos, ante los inmigrantes pobres, que no tienen que perder más que sus cadenas. (…) Las puertas de la conciencia se cierran ante los mendigos sin hogar, condenados mundialmente a la invisibilidad” (2017).
Nos quedan tareas pendientes como país, por ejemplo diseñar políticas públicas con enfoque de Derechos que permitan acoger, proteger, velar y entender las tradiciones, costumbres y culturas de otros pueblos y en ese proceso, el goce del Derecho como patrimonio del Derecho Internacional.
No basta y ni menos alcanza con declaraciones sobre la inclusión, la interculturalidad, la equidad, la participación, la protección social y el desarrollo humano sino somos capaces de construir espacios de convivencia democrática en los cuales se garanticen plenamente los derechos y deberes que nos unen como personas de una misma comunidad.
A pesar del discurso de la inclusión social como sello de su gobierno, recién en agosto del 2017, la presidenta Michelle Bachelet Jeria firmó un proyecto que modifica la ley de migraciones. En la actualidad, ésta iniciativa aún se encuentra en trámite legislativo seguramente lo resolverá el próximo gobierno entrante.
Por lo anterior, “el problema no es entonces de raza, de etnia ni tampoco de extranjería. El problema es de pobreza” (Cortina, 2017)
Marzo del 2018
