El indulto otorgado a Alberto Fujimori ha generado sentimientos de dolor e indignación en los familiares de las víctimas de la represión fujimorista.
Sufrimiento y rabia que se acrecentaron cuando el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski señaló que los crímenes cometidos durante la administración dictatorial de Fujimori fueron “excesos” y “errores graves” y que su determinación persigue que el exdictador no muera en la cárcel y que es hora de “pasar la página”.
Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y la Cantuta. El primer caso abarca el asesinato de 15 personas, incluido un niño de 8 años, durante una fiesta en la que se creía que participaban miembros de Sendero Luminoso, lo que fue descartado por la justicia que investigó los hechos y dictó sentencia.
La Cantuta corresponde al secuestro asesinato y entierro en fosas a ocho estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, crimenes cometidos el 18 de julio de 1992.
En ambas acciones estuvo involucrado el Grupo Colina, un destacamento de inteligencia que respondía las directrices emanadas de las autoridades del Estado, durante la dictadura de Fujimori, quien les garantizaba impunidad.
El contexto en que se otorga el indulto hace más oscura la decisión. El trámite para pedir el indulto se inició en medio del proceso de destitución contra Pedro Pablo Kuczynski que impulsaba la oposición en el Congreso. El mandatario logró permanecer en el cargo gracias a los votos de abstención del legislador Kenji Fujimori (hijo del dictador preso) y otros nueve legisladores fujimoristas. Contexto que se complejiza más aún cuando el propio Pedro Pablo Kuczynski, había anunciado en reiteradas ocasiones que no otorgaría el indulto.
Hay que destacar que los tribunales que condenaron a Alberto Fujimori establecieron su responsabilidad por delitos contra los derechos humanos y con carácter de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad son crímenes inamnistiables e imprescriptibles y por lo tanto, al ser crímenes irreparables, los criminales no pueden optar a beneficios carcelarios. De esta manera , se obliga al Estado a proveerle, alimentación, seguridad y salud al criminal, al mismo tiempo que se cumple la sentencia dictada por los tribunales de justicia con el fin de garantizar a futuro la no repetición de crímenes atroces cometidos al amparo del Estado. Es la propia Humanidad la que se resguarda de los crímenes.
Tras la decisión presidencial, los peruanos salieron a las calles para rechazar esta medida con protestas y una ola de indignación y molestia recorre los pueblos latinoamericanos, especialmente aquellos que debieron sufrir dictaduras que hicieron del Terrorismo de Estado una práctica de gobierno.