La Coordinadora Nacional de Inmigrantes y la Plataforma de Organizaciones Haitianas presentaron, simultáneamente, una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, al Ministro del Interior y al Director General de Carabineros, requiriendo que no quede en la impunidad el caso de la muerte de Joane Florvil.
A juicio de estas organizaciones, las declaraciones del director de la Posta Central, Sergio Sánchez, que ratificaron las versiones de los hechos entregadas por los familiares, darían cuenta de una responsabilidad imputable a Carabineros, a la que a su vez se sumaría la de los funcionarios del propio recinto hospitalario. La información aportada por el profesional es que al ingresar a la Posta, Joane fue recibida por un médico haitiano que se desempeña como traductor. A él la mujer le habría relatado que en la comisaría donde se encontraba detenida, los golpes que posteriormente le provocaron la muerte no fueron autoinfligidos, sino que habría sido víctima de una golpiza.
Las agrupaciones sostienen que “corresponde que (ese hecho) se aclare, para lo cual se necesita se preste toda la colaboración de las autoridades, entre otras cosas con la entrega de todos los registros audiovisuales y de las nóminas de funcionarios que estuvieron durante su detención e internamiento”.
La carta plantea además que es necesario que se realice un reconocimiento de que dentro de los procedimientos de las fuerzas policiales existe una validación “del uso de la fuerza indebida y que hay denuncias fundadas de prácticas de tortura”, citando en particular aquellas hechas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Agregan que también se ha denunciado que dichas prácticas “han ocurrido contra inmigrantes, pero han quedado en impunidad, remitiéndose por ejemplo al caso del Cerro Chuño en Arica y de la familia Lostanau en Santiago”.
Los denunciantes están a la espera de la respuesta de parte de las autoridades. Mientras, dejaron en claro que persistirán en sus acciones “a fin de cautelar que el hecho no quede impune”, añadiendo que para ello están estudiando otras medidas, no descartando la presentación de una querella.
