El ex comandante del Ejército, Juan Emilio Cheyre, ha sido encarcelado, acusado de complicidad en los crímenes cometidos por la “caravana de la muerte” en La Serena. Este hecho reitera una pregunta quemante: ¿Cómo, a pesar de conocerse su participación en violaciones a los derechos humanos, este militar continuó su carrera y llegó a ocupar el más alto cargo en su institución? ¿Cómo logró “pasar el cedazo” como lo afirmara el ex presidente Lagos, responsable de tal nombramiento?
La respuesta lleva a insistir en lo ya sabido y corroborado por esta “pasada del cedazo”: la impunidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos no solo se relaciona con el secretismo y los obstáculos a la justicia impuestos por la dictadura. También con el “pragmatismo” protector de los gobiernos pos dictadura, más interesados en mantener buenas relaciones con el mundo castrense que de hacer justicia.
“Rufianismo”
El 11 de septiembre de 1973, “Rufián” (nombre de combate), a bordo de un cazabombardero Hawker Hunter disparó su destructiva carga en contra de la Moneda, en una acción que desde el punto de vista militar no se justificaba, pero si desde la óptica terrorista del golpismo. “Rufián”, es decir el general Fernando Rojas Vender, fue nombrado en 1995 comandante en jefe de la Fuerza Aérea por el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.
¿Sabía Frei que el aviador había demolido e incendiado las mismas oficinas que ahora ocupaba como mandatario? Muchos creen que tanto él, como su ministro Pérez Yoma estaban en antecedentes del hecho. En 2011, al salir a la luz pública el papel de “Rufián” en la destrucción del palacio de gobierno, varios diputados protestaron , entre ellos Sergio Aguiló, quien calificó el nombramiento de Rojas como producto de “la forma en que algunos dirigentes de la Concertación negociaron con criminales”.
Pero en el caso de Juan Emilio Cheyre su pasado no era secreto. El presidente Lagos niega haber conocido el prontuario del militar, lo que resulta dudoso. Más bien cunde la sospecha de que tanto el mandatario como su ministro de Defensa, Mario Fernández (actual ministro de Interior), lo promovieron porque conocían también de su destreza en las negociaciones secretas y en la maniobra para garantizar el “mea culpa” y la “profesionalización” del Ejército. Por esto, quien sucedió a Fernández en la cartera de Defensa, la actual mandataria Michelle Bachelet, ante los cuestionamientos y juicios interpuestos contra el oficial, declaró a la prensa el 6 de mayo de 2002: “nosotros respaldamos en todo momento al comandante en jefe del Ejército» .
La lista de “respaldos” protectores al general Cheyre es nutrida. El periodista Javier Rebolledo denuncia una de las últimas maniobras, ejecutada por el actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien habría presionado directamente al juez Mario Carroza, recordándole los “buenos servicios” prestados por el militar al proceso de transición democrática. Otra maniobra corrió por cuenta de Jorge Burgos, ex ministro de Interior, quien intentó impedir que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior persiguiera judicialmente al ex oficial, lo que se tradujo en el despido del abogado responsable de la causa, Rodrigo Lledó.
Mientras salen a la luz pública nuevos antecedentes, organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas, salieron a la calle por enésima vez. Esta vez exigiendo el cumplimiento del programa de gobierno en materia de derechos humanos, y enfrentando la bien montada campaña para liberar de Punta Peuco a los ancianos tenebrosos que la habitan. Los familiares caminan alrededor de la Moneda y tras enterarse de lo de Cheyre, muchos corroboran una perogrullada: los agentes de la impunidad no solo están enquistados en las FFAA, en la derecha o en el Poder Judicial, sino también en la mismísima coalición gobernante.