– El 12 de mayo, una marcha por Antofagasta, solidarizando con los habitantes de Chiloé, terminó con varios detenidos en la 3ra Comisaría de la ciudad. La jefa regional del INDH, Fernanda Torres y la funcionaria de la entidad Karen Lagües, se apersonaron al recinto para conocer la situación de los arrestados, resultando ambas detenidas y objeto de maltratos e insultos por parte del personal policial. Era obvio que el organismo saldría en defensa de ambas y cabía esperar denuncias y querellas, como finalmente ocurrió.
– Lo que resultó sorprendente fue el inicio de una campaña sistemática de cuestionamientos en contra del organismo de derechos humanos, en la cual aparecen coludidos, en los hechos, el Director General de Carabineros, políticos de extrema derecha y altos empresarios, decididos a inhibir la acción fiscalizadora del INDH sobre actos ilegales y violentos de la policía uniformada chilena.
El 11 de marzo, al medio día, un grupo de mujeres de la Red Chilena Contra la Violencia de Género, efectuaron una pequeña manifestación frente a La Moneda, exigiendo una reacción más enérgica del Ejecutivo frente a la ola de femicidios ocurridos a principios de año. Las manifestantes fueron sorprendidas por la violenta embestida del carro lanzaaguas y de tropas antimotines que arrestaron violentamente a varias de ellas y las habrían sometido a diversos malos tratos y agresiones sexuales. La reacción del INDH no se hizo esperar y rechazó el procedimiento policial calificándolo de “descriterio”.
A mediados de mayo, el día 17, Carabineros protagonizó otro incidente, esta vez con alumnos del Instituto Nacional que efectuaban manifestaciones callejeras, en demanda del mejoramiento de la educación pública. La movilización era pacífica, pero la intervención de las tropas antimotines fue severa y determinaron el arresto del estudiante Roberto Zambrano, presidente del Centro de Alumnos del establecimiento. Tras su liberación, el joven denunció haber sido golpeado y obligado a desnudarse al interior de la 3ra Comisaría, lo que se tradujo finalmente en una querella en contra los uniformados.
En este marco de controversias, sobrevino el 21 de mayo y la manifestación en Valparaíso, en la cual desconocidos incendiaron un local municipal y provocaron la muerte por asfixia de un anciano que oficiaba de cuidador del recinto. La polémica no tardó en desatarse a raíz de varias críticas sobre el comportamiento pasivo de Carabineros, el que habría permitido la acción de encapuchados y como consecuencia, la muerte del trabajador.
El general Director de Carabineros, Bruno Villalobos, respondió a estos reproches mediante un twitter y luego con declaraciones donde señaló que la actuación de sus tropas podría haberse visto inhibida por lo ocurrido con el estudiante Rodrigo Avilés, un año antes, pero también a raíz de “las denuncias, las organizaciones con denuncias infundadas, todo eso tiene que ver con el accionar de los carabineros, los limita, coartan su accionar…”, aludiendo tácitamente al INDH. Estos dichos del uniformado fueron la señal para que civiles, tanto desde la política como desde la elite empresarial, comenzaran una campaña sistemática en contra del organismo defensor de Derechos Humanos y de su directora.
El 26 de mayo casi 400 empresarios y altos ejecutivos, encabezados por Herman Von Mühlenbrock, actual presidente de la Sofofa, publicaron un inserto en el periódico El Mercurio, donde califican de “hostigamiento” la acción fiscalizadora del Instituto sobre la policía uniformada. A esto se han sumado diversas acciones en contra del organismo, principalmente desde la UDI, entre las cuales destaca un video en el que se acusa a su directora de proteger a los encapuchados.
Al parecer los quieren violentos, arbitrarios, temibles
La virulencia en contra del INDH y de Lorena Fríes, ha motivado diversas muestras de apoyo al organismo y de preocupación por el intento de limitar su acción. Los políticos y empresarios que promueven el populismo punitivo, al parecer, pretenden licenciar a las policías de su obligación de respetar los derechos de los ciudadanos, en función de disponer de un cuerpo armado temible, que imponga el “orden” sin miramientos. Si ese es el objetivo, resulta obvio que les incomoda la existencia de organismos de derechos humanos que cuestionen los abusos policiales, como el INDH y su actual directora.
Una policía uniformada que ejerza un control del orden, sin respeto a los derechos de los ciudadanos, significaría un retroceso en toda la línea de los avances en materia de respeto a los derechos humanos. Y ello sería inaceptable.